El 4 de marzo el pleno del Parlament de Catalunya aprobó la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en Cataluña. Esta aprobación llega después de más de cuatro años de su aceptación a trámite y de una tarea multisectorial de todos los actores implicados en la cadena alimentaria: productores, distribuidores, administraciones, entidades sociales y asociaciones de consumidores.
La ley tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario en Cataluña, que ronda las 262.471 toneladas anuales y tiene un impacto económico de 841 M €. Pero también quiere “prevenir” las pérdidas y el desperdicio, aplicando medidas ya en la producción de los alimentos para conseguir un modelo más sostenible.
Una ley pionera
En cuanto a la aprobación misma de la ley, son destacables tres cuestiones: primera, que es pionera en Europa, tanto por esta voluntad de prevenir como porque incide en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Segunda, se ha redactado tras una tarea importante de participación y debate de todos los actores implicados (agricultores, supermercados, restauradores, consumidores, entidades que trabajamos la reducción del desperdicio, consumidores, etc.) y esto le da una gran legitimidad y aceptación. Y, tercera, se han aprobado casi todos los puntos por unanimidad, lo que no ocurría desde hacía años y resulta remarcable en el momento histórico que estamos viviendo en el Parlamento catalán.
En cuanto al contenido de la ley, destacamos la obligatoriedad de que las empresas tengan un plan de prevención del despilfarro y que informen de las pérdidas alimentarias y el desperdicio que generan, lo que permitirá contabilizar y fijar objetivos de mejora. También se recoge la obligatoriedad de promover los productos de temporada, de proximidad y ecológicos; incentivar la venta de productos con fecha de caducidad o consumo preferente cercana y aplicar la jerarquía de prioridades que establece la ley en cuanto el destino de los excedentes (primero la alimentación humana, si esto no es posible, la alimentación animal, y, si tampoco es posible, compostaje u otros usos técnicos). Por su parte, los restauradores deberán facilitar envases a los clientes para llevarse la comida que no se han terminado sin coste añadido y procurando que sean compostables. Las administraciones, a su vez, están obligadas a incluir en los contratos públicos cláusulas para prevenir el desperdicio, deberán fomentar la investigación y la innovación, y velar por la aplicación de buenas prácticas comerciales.
Como impulsoras de la ley y participantes activas en el proceso, celebramos esta aprobación y esperamos que sirva para avanzar hacia un sistema agroalimentario catalán más respetuoso con el medio ambiente, más justo y más saludable.
